México y el Nuevo Orden Mundial: ¿Estamos ante una Sociedad Totalmente Bancarizada y Militarizada?

Jackson Grim
Oct 12, 2025
4 min read

En el corazón de América Latina, México se encuentra en una encrucijada histórica. Las decisiones que se están tomando hoy en materia de identidad digital, control financiero y seguridad pública no son simples reformas administrativas: son piezas de un rompecabezas mucho más grande que podría redefinir la relación entre el ciudadano y el Estado. En este artículo, exploramos cómo la implementación de la CURP biométrica, los límites transaccionales, la reducción del uso de efectivo y la creciente militarización del país podrían estar configurando un modelo de control total, alineado con las tendencias globales hacia un nuevo orden mundial.

La CURP biométrica: ¿Identidad o vigilancia?

La Clave Única de Registro de Población (CURP) ha sido, desde su creación, un instrumento para identificar a los ciudadanos mexicanos. Sin embargo, la nueva versión biométrica representa un salto cualitativo en términos de control. Ya no se trata solo de un número alfanumérico: ahora incluye huellas digitales, escaneo de iris, fotografía facial y firma electrónica. Esta CURP biométrica será obligatoria para realizar trámites oficiales, acceder a servicios públicos, abrir cuentas bancarias e incluso realizar compras en ciertos establecimientos.

La Secretaría de Gobernación ha anunciado que esta medida busca mejorar la seguridad, combatir el fraude y facilitar la inclusión financiera. Pero detrás de estos objetivos legítimos se esconde una realidad inquietante: cada ciudadano estará registrado en una base de datos centralizada, y cada acción que realice quedará vinculada a su identidad biométrica. ¿Qué implica esto para la privacidad? ¿Estamos preparados para vivir en una sociedad donde cada movimiento, cada transacción y cada interacción esté monitoreada?

Este tipo de sistemas ya existen en países como China e India, donde el control digital ha permitido al Estado ejercer una vigilancia sin precedentes sobre sus ciudadanos. En México, la CURP biométrica podría convertirse en la piedra angular de un sistema similar, donde la identidad digital no solo facilita el acceso, sino que también condiciona la libertad.

Límites transaccionales y bancarización forzada: ¿Adiós al efectivo?

Paralelamente a la implementación de la CURP biométrica, el gobierno mexicano ha comenzado a establecer límites al uso de efectivo. Bajo el argumento de combatir el lavado de dinero y la evasión fiscal, se han impuesto restricciones a las transacciones en efectivo, incentivando el uso de medios digitales y bancarizados.

Esto significa que cada vez más ciudadanos deberán tener una cuenta bancaria para realizar operaciones cotidianas. Desde pagar la luz hasta comprar en el supermercado, todo deberá pasar por el sistema financiero formal. Y como cada cuenta está vinculada a la CURP biométrica, el Estado podrá saber exactamente cuánto gastas, en qué lo gastas, cuándo lo haces y con quién.

La bancarización obligatoria plantea serias preguntas sobre la autonomía financiera. ¿Qué pasa con las comunidades rurales que no tienen acceso a bancos? ¿Qué ocurre con los adultos mayores que no dominan la tecnología? ¿Y qué sucede cuando el sistema falla o se convierte en un instrumento de exclusión?

Más allá de los aspectos técnicos, esta medida representa un cambio cultural profundo. El efectivo ha sido, históricamente, una forma de libertad. Permite transacciones privadas, sin intermediarios ni registros. Su desaparición implica que cada peso que se mueve estará bajo supervisión. ¿Estamos listos para renunciar a esa libertad?

Militarización del Estado: ¿Protección o sometimiento?

Mientras se digitaliza la identidad y se bancariza la economía, México también ha vivido una militarización acelerada. En los últimos años, el Ejército ha asumido funciones que tradicionalmente correspondían a autoridades civiles. Aeropuertos, aduanas, puertos, obras públicas y hasta proyectos turísticos están ahora bajo administración militar.

La creación de la Guardia Nacional, presentada inicialmente como una fuerza civil, ha culminado en su integración total a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esto significa que la seguridad pública está ahora en manos de militares, con formación castrense y una lógica de obediencia vertical.

La nueva Ley de la Guardia Nacional 2025 establece que esta corporación será permanente, con facultades para realizar labores de inteligencia, patrullaje, detención y vigilancia. Además, se ha abierto la puerta para que militares ocupen cargos civiles, lo que diluye la frontera entre lo militar y lo civil.

Esta militarización no es un fenómeno aislado. Forma parte de una estrategia más amplia de control territorial, donde el Estado busca garantizar la estabilidad mediante la presencia armada. Pero también implica riesgos: la concentración de poder en instituciones militares puede debilitar los contrapesos democráticos, limitar la transparencia y aumentar la represión.

¿Estamos ante un Estado protector o ante un Estado vigilante? ¿La militarización garantiza la seguridad o la impone por la fuerza? ¿Qué papel queda para la ciudadanía en este nuevo esquema?

¿Un modelo de control total? El nuevo orden mundial en marcha

La convergencia entre identidad digital obligatoria, bancarización forzada y militarización del espacio público sugiere un modelo de control total. Cada ciudadano estará registrado, cada transacción será monitoreada, y cada espacio estará vigilado. Este modelo se alinea con las tendencias globales hacia un nuevo orden mundial, donde los Estados adoptan sistemas centralizados para controlar la información, el dinero y la seguridad.

Aunque el término "nuevo orden mundial" ha sido utilizado en contextos conspirativos, lo cierto es que existen iniciativas reales que buscan establecer estándares globales de identidad digital, interoperabilidad financiera y cooperación militar. Organismos internacionales como el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial y la ONU han promovido proyectos de identidad digital universal, inclusión financiera y seguridad transnacional.

México, al adoptar estas reformas, se está alineando con esa visión. Pero la pregunta clave es: ¿lo hace por convicción o por presión? ¿Está construyendo un futuro más justo y seguro, o está cediendo soberanía a estructuras globales?

Reflexión final: ¿Qué tipo de sociedad queremos construir?

Las reformas que se están implementando en México no son neutras. Tienen implicaciones profundas para la libertad, la privacidad, la autonomía y la democracia. La CURP biométrica, los límites transaccionales, la bancarización obligatoria y la militarización del Estado configuran un modelo de gobernanza donde el ciudadano es observado, registrado y condicionado.

Es momento de abrir el debate. De exigir transparencia, participación y garantías. De preguntarnos qué tipo de sociedad queremos construir. ¿Una sociedad segura pero vigilada? ¿Moderna pero controlada? ¿Inclusiva pero sometida?

El futuro de México está en juego. Y cada decisión que se tome hoy marcará el rumbo de las próximas generaciones.